Mauricio Macri tendrá que sacar la billetera para pagar 50 mil pesos por día por incumplir un fallo judicial. Es porque el gobierno porteño no retiró los coches abandonados de un cementerio de autos que queda junto a la Villa 20, donde viven más de 40 mil personas, sobre las que se comprobaron casos de contaminación.
El juez "Roberto Andrés Gallardo" ordenó que se aplique una multa sobre el patrimonio personal de "Mauricio Macri" y se destine el dinero recaudado de su fortuna a la atención médica de los niños afectados. Su Señoría también dispuso que en diez días se empiece a reubicar a las tres manzanas más cercanas al terreno y, para eso, embargó el 70 por ciento de los fondos del dinero de Lotería Nacional que van al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).
Si no ha habido resolución es porque el tema no es prioritario para los actores gubernamentales, planteó Gallardo en su fallo. No he visto al jefe de Gobierno exponer públicamente por la seguridad de los niños de la Villa 20. Vale preguntarse cuál sería la conducta del jefe de Gobierno si hipotéticamente se instalase un depósito de chatarra en Plaza Las Heras o en el bellísimo Rosedal de Palermo o en la exquisita armonía de Parque Thays. ¿Duraría un litigio tres años sin resolución?, se preguntó.
El baldío, que ocupa 12 hectáreas, pertenece a la ciudad, pero se lo había cedido a la Policía Federal para acarrear los coches que fueron secuestrados en una causa judicial. Los estudios que ordenó el juez –y que fueron demorados por las apelaciones de la gestión PRO–, establecieron que produce contaminación de distintos metales, además de ser un reservorio de ratas y mosquitos. Los niños suelen jugar allí, entre las chapas oxidadas. La causa la inició el asesor tutelar Gustavo Moreno a raíz de denuncias de que las personas que viven cerca presentaban distintas enfermedades, como diarreas, parásitos, leptospirosis, toxoplasmosis, contaminación con plomo y otros metales. También advertían del riesgo de propagación de dengue y hantavirus.
Hace tres meses, Gallardo ordenó al gobierno porteño que desaloje el predio, entre avenida Cruz y Escalada, y retire y compacte los autos que producían la contaminación, según recomendaban diversos estudios, entre ellos los de la Facultad de Medicina de la UBA y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Instruyó al ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, para que empezara por los más antiguos e informara diariamente al juzgado de los progresos. Le dio un plazo de 90 días corridos.
La gestión aseguró que iba a cumplir la medida y que la tarea la iba a hacer una empresa especializada que sólo cobra el producto compactado. Sin embargo, pocos días más tarde señaló al juzgado de Gallardo que no podía cumplir la medida porque se lo impedía la Policía Federal, que luego lo desmintió. Entonces, el gobierno porteño argumentó que no podía sacar los vehículos del lugar por su estado de deterioro. Le informaron al juez que removieron 15 autos (de los más de cinco mil).
La peor de las violencias es la violencia estatal sobre miles de personas del barrio pobre de la Villa 20. Decenas de niños padecen ya de contaminación con plomo. Llama poderosamente la atención la incapacidad de solucionar la cuestión, advirtió el juez, quien le dedicó un párrafo especial al procurador porteño Pablo Tonelli: indicó que nunca denunció ante la Corte Suprema ningún impedimento para cumplir el fallo, pese a la conchuda impronta procesal que lo caracteriza. En el Diccionario de la Real Academia, la quinta acepción de conchuda es astuta, cautelosa, sagaz.
fuente de consulta | pagina12
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